viernes, 28 de mayo de 2010

Instituciones Antiguas de Lambayeque: La Compañía del ferrocarril y Muelle de Pimentel

Basado en los aportes proporcionados por Don Ricardo Miranda Romero en la “Monografía General de Lambayeque” (segunda edición - 1959) y en documentos de archivo, brindaré información diversa sobre importantes instituciones lambayecanas del pasado y del presente; nos aproximaremos a los inicios del siglo XX y podremos reconocer sus aportes para nuestra Región.
La Compañía del ferrocarril y Muelle de Pimentel
Para 1911 el Puerto de Pimentel lucía prácticamente abandonado. La estiba y desestiba de mercancías se hacía por el Muelle de Eten que tenía las facilidades de la Vía férrea y, sin embargo, resultaba insuficiente para las necesidades del comercio y la industria en la región.
Don Salvador Gutiérrez Pestana reunió el 22 de setiembre de 1911 a un grupo de comerciantes e industriales lambayecanos con quienes proyectó la rehabilitación del Puerto de Pimentel. No descansaron hasta lograr que mediante Resolución Suprema del 22 de marzo de 1912 el gobierno autorice a la “Sociedad Agrícola Pomalca” “tender una línea férrea de trocha angosta, entre la hacienda Pomalca y el Puerto de Pimentel, y para la construcción de un muelle con la facultad de establecer ramales ferroviarios que se estimen convenientes”.
El 19 de febrero de 1913 se constituyó la “Compañía del ferrocarril y Muelle de Pimentel” a la que fueron transferidos los derechos que correspondían a la “Sociedad Agrícola Pomalca”. La construcción del Muelle y el Ferrocarril se inician en 1914 y recién en 1920 la línea férrea llega hasta la hacienda Pomalca y estuvieron a cargo del ingeniero alemán Bernardo pellny.
Los capitales fueron netamente lambayecanos. Los accionistas mayoritarios de la compañía fueron: Hacienda Pomalca (36%) Viuda de Piedra e Hijos (31%) Sociedad Agrícola Pucalá (26%). Entre los accionistas minoritarios destacan: Juan Cuglievan, Rodolfo Montenegro, Eduardo de la Piedra, Eleodoro Romero, Juan de la Piedra y la Cia. Testamentaria Waldispuhl.
Los primeros gerentes de la Compañía del Muelle y Ferrocarril de Pimentel fueron Bernardo Pellny, Germán Klinge, Raúl Hinojosa y Julio Gervasi (hasta 1960). Para 1958 los miembros del Directorio de la compañía fueron Nicolás Cuglievan, Eduardo de la Piedra, Ricardo de la Piedra, Víctor Maúrtua y Julio Gervasi.
El muelle tiene 529 m de longitud y la línea férrea 58 Km., en un recorrido que incluye Pimentel – Chiclayo – Pomalca – Rinconazo – Saltur – Pucalá y Pampa Grande. La compañía contó con 13 locomotoras, 06 coches para pasajeros y 247 carros de carga y equipaje. En 1958 se movían casi 500 mil toneladas métricas de mercancías, lo cual demuestra el progreso logrado en los campos del comercio, industria y agricultura.
En la actualidad y tomando las palabras del RP Esteban Puig Tarrats, Vice Gran Canciller de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en el prólogo que dedicó a la obra “Apuntes de Vida: Reflexiones a orillas del Mar” (Martín Cabrejos y Humberto Tejada – 2003) el muelle se muestra “derrengado, como un gigante ciempiés metálico, aún firme, testigo de tantas confidencias, inhiesto desafiando el oleaje enfurecido que se estrella impotente a sus pies”




















miércoles, 12 de mayo de 2010

Litigios Judiciales de Esclavos Lambayecanos en Busca de Libertad

El investigador Guillermo Figueroa Luna y su esposa la maestra Ninfa Idrogo Cubas, son autores del interesante trabajo “No queremos amos, Lambayecanos en lucha por libertad e igualdad (1750 – 1850)” en el cual, teniendo como base documentación del Archivo Regional de Lambayeque, califican la actitud de los esclavos en la colonia en las categorías de resistencia, adaptación (resignación) y colaboración (cooptación). Una categoría novedosa que utilizan es la de “adaptación en resistencia” que pertenece al historiador de la Universidad de Winsconsin Steve Stern, la cual particularmente comparto al considerar que en su obra: “Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes siglos XVIII y XIX – Lima, 1990) nos dice: “la historiografía sobre las rebeliones andinas del siglo XVIII no tuvo en cuenta el valor de las pequeñas insurrecciones y conflictos menores que se sucedieron durante las décadas de 1740-50 en adelante, y que posteriormente desencadenarían la gran rebelión de 1780-82, además del estudio de zonas geográficas alejadas de los polos insurrectos que durante décadas registraron pequeños conflictos regionales”. Debemos considerar la necesidad de aproximarnos al conocimiento de las manumisiones graciosas y pagadas, los litigios judiciales, cimarronaje, palenques, entre otros hechos de la vida ordinaria de los esclavos negros en nuestra tierra lambayecana.
Mediante el presente artículo de divulgación busco dar a conocer algunos de los litigios judiciales mas representativos propiciados por esclavos negros en el Partido de Lambayeque con la intención de lograr su libertad.
La “Causa Civil de 1817 entre Manuela de Córdova y María de los Santos Navarro, sobre la libertad de esta y sus hijos” narra el siguiente hecho: La española Manuela de Córdova vendió, en Julio de 1811, una esclava de nombre Aniceta a Josefa Isidora de Córdova (su pariente) a valor de 325 pesos. En febrero de 1812, Aniceta y su recién nacido, en cautiverio, hijo Enrique fueron revendidos a Santiago Burga. Sin embargo, la madre de Aniceta, María de los Santos Navarro apertura una causa judicial demandando la libertad de su hija y nieto. Sustentaba la demandante que habiendo nacido libre, su hija y, luego, su nieto también lo eran. En Noviembre de 1815 logra sentencia favorable de la real Audiencia, pero la sentencia se ejecuta recién el 21 de febrero de 1817, cuando se dirigió el decreto a los subdelegados de los partidos de Lambayeque y Piura, lugar de residencia de Aniceta y su nueva hija Feliciana de cuatro años. El pequeño Enrique había fallecido.
Ninguna autoridad fue sancionada por esta venta fraudulenta, pero “si tuvo que responder la sucesora de Manuela de Córdova que entregó otra esclava (de 9 o 10 años) y 75 pesos más” en retribución a los “perjudicados”.
La “Causa Civil de 1817 entre Josefa Ripalda y María Anselma Vellodas sobre la libertad de esta y sus hijos”, narra lo siguiente: El marido de María Anselma Vellodas, un “pardo libre” de nombre José de Portugal, acordó Josefa Ripalda (dueña de María Anselma) la compra de su mujer a cambio de 100 pesos que se pagarían a razón de 2 pesos mensuales. Cuando pagó la mitad de lo acordado, Josefa Ripalda se retractó del acuerdo y sometió a esclavitud a María Anselma y sus dos hijos.
María Anselma enjuició a Josefa Ripalda el 20 de Diciembre de 1817 y logró que en Junio de 1818 el Virrey Pezuela ordene “que no se le moleste hasta que el subdelegado de Lambayeque resuelva el asunto” La causa muestra dos datos interesantes, resaltados por los autores del artículo: Aunque el expediente está incompleto se puede inferir que el caso fue favorable a María Anselma Vellodas e hijos; además dicha mujer negra sabía firmar lo cual no era común.
La “Causa Civil de 1824 entre José Gavino Sosa, de Olmos, y el esclavo Andrés Arriaga, preso en la cárcel de Lambayeque” es un caso de expediente incompleto en el Archivo Regional y narra la demanda seguida por el esclavo negro anciano Andrés Arriaga contra su amo José Gavino Sosa; a quien acusó de hacerle trabajar duras y largas jornadas cada día, no brindarle buena alimentación y pretender una manumisión elevada al tasar su precio en 300 pesos rechazando los 200 que le ofreció a cambio de su libertad. Dice el negro Andrés que por ese motivo huyó (fue cimarrón) por espacio de 13 meses en que anduvo por las alturas de la sierra hasta ser atrapado. Por todo esto pedía se le diera “papel de venta”.
En otra causa civil seguida por María Evarista Muñecas y su esposo Manuel Salés, piden al alcalde de Chiclayo disminución del precio de tasación que sobre María Evarista hizo su amo Manuel Pacífico Enec. Fundamentaron su pedido aduciendo que María Evarista arrojaba sangre por la boca y, por lo tanto los 400 pesos que pedía Manuel Pacífico Enec eran excesivos.
No todos los casos fueron favorables a los esclavos negros. La esclava María de la Cruz Navarrete denunció a su amo Leandro Reaño en Junio de 1834. Reaño que era un hombre influyente por haber sido gobernador, fue acusado por María de la Cruz de: “maltratos, exceso de trabajo, no darle ni un vestido y, por el hecho de haber dedicado unas horas a buscar otro dueño, tenerla detenida en casa con el aspecto de presa… además habiendo sido comprada en 270 pesos, ahora se exigían 300 como pago de su manumisión”. Muy poco tiempo después, el juez sentenció: “Sin lugar la demanda de la esclava María de la Cruz. Pudiendo su amo castigarla cuando diese margen, esto es cuando cometiere alguna falta…”





sábado, 1 de mayo de 2010

Los Esclavos de la Hacienda Jesuita de Tumán (Siglo XVIII)

José Javier Vega, maestro de humanidades de la Universidad “Federico Villarreal”, publicó el año 2007 el trabajo titulado “El galpón, la pampa y el trapiche” en el cual nos narra la vida diaria y costumbres de los esclavos negros en la hacienda Tumán, a partir del estudio de los “cuadernos de cuentas” de dicha hacienda durante la segunda mitad del siglo XVIII. El interesante estudio abarca de 1755 hasta 1800, periodo en el cual la hacienda experimenta tres tipos de gestión empresarial: hasta 1767 corre la administración de los jesuitas, hasta 1791 la administración de la Real Junta de Temporalidades, y luego pasa a manos privadas. Es necesario saber que la esclavitud en el Perú no tuvo las mismas características en todos los lugares y en todas las épocas. En Tumán fueron bien tratados en comparación con las haciendas particulares de Calupe, Pomalca o Cayaltí. Se ha visto a los negros esclavos solo como víctimas de un sistema opresor, anulando la posibilidad de rescatar los aspectos positivos que los africanos y sus descendientes supieron aportar en el proceso de formación de la peruanidad y lo peruano.
Eran los negros de Tumán el grupo más numeroso de esclavos en el norte del virreinato, en número de 178 (109 varones y 69 mujeres) y fueron propiedad de los Jesuitas desde 1659, año en que la hacienda les fue donada por Doña Juana de carvajal. Por su procedencia eran congos, minas, carabalís, ararás y chalas.
En el Tumán del siglo XVIII, la vida cotidiana giraba en torno de la producción del azúcar y sus derivados. Para ello los jesuitas habían establecido una serie de reglamentos y normas demográficas, morales, de alimentación y trabajo que de un lado les procuraban la lealtad del esclavo y del otro les garantizaban la eficacia de su esfuerzo.
La Compañía de Jesús actuaba como una empresa comercial y como Instituto Religioso y se esforzó siempre por encontrar la manera de que ambas realidades fueran compatibles. Algunos esclavos no aptos para las actividades agrícolas se especializaron en los servicios religiosos. Tal es el caso del esclavo Pascual de Santa María, organista y maestro de canto.
En Tumán hubieron un galpón (donde se encierra a la gente) consta de 45 cuartos de paredes dobles en que se acogen los negros casados, en la puerta principal había una campana de dos arrobas más o menos. Otro galpón con 11 cuartos donde guardan a las negras viudas y solteras. Aquí los esclavos nacían (gracias a la esclava partera Magdalena de Jesús) y morían. Un negro era incorporado a las labores de la hacienda entre los 10 y 15 años de edad. Usaban herramientas muy rudimentarias: sesenta y cuatro lampas de fierro, sesenta y dos machetes, nueve hachas y dos hoces. Los esclavos que sobresalían en alguna actividad (azucareros, regadores, gañanes y caporales) eran incentivados con propinas para que se especializaran como mano de obra calificada a la que se le asignaba pagos extras, y cuarto de vivienda fuera del galpón.
En Tumán, como en casi todas las haciendas jesuitas, a los esclavos no solo se les permitía criar animales (aves de corral, cerdos y cuyes) como propiedad personal, sino que además recibían pequeñas parcelas con cuyos cultivos (alfalfa y hortalizas) debían completar su dieta alimenticia.
Los esclavos recibían anualmente telas para confeccionar sus vestidos de diario, bayetas para las mujeres y pañete para los hombres. El sastre indígena Simón Bert, cobró en diciembre de 1772 al administrador de la hacienda veinte y seis pesos cuatro reales por la hechura de los faldellines y calzones que cosió para los esclavos.
Desde los 15 años las jóvenes negras eran consideradas casaderas. Pero en las parejas era notoria la diferencia de edades: Antonio de Velasco y Antonia de Jesús tenían ochenta y treinta años. Les seguían Cayetano Collado, de noventa años, y su mujer, de cincuenta. La menos “despareja” fue la de Nicolás de Jesús e Ignacia de Jesús, de veinticuatro y veinte años.
La mayoría de esclavos recibían comida preparada de la hacienda, y solamente aquellos que tenían vivienda separada del galpón cocinaban aparte. La hacienda compraba mensualmente maíz, frijoles, arroz y veinte reses (a los indios de Cajamarca) para las raciones de los esclavos. A las ocho de la mañana se repartía el desayuno (zango y champús). A la una de la tarde el almuerzo (frijoles, arroz y carne de res). Las negras mayores que no salían al campo complementaban la dieta preparando comida extra: bebidas, mazamorras y alfajores.
Cada esclavo recibía una ración de tabaco. La hacienda compraba para los esclavos 400 “masos” de tabaco cada 4 meses. Se dice que los negros apreciaban más una porción de tabaco que 5 libras de carne.
En Tumán había una enfermería que atendía quemaduras con los caldos del azúcar hirviente, fracturas de los miembros en los trabajos del campo, torceduras, cortes, desgarros, etcétera. Era atendida por un “barbero” con tratamientos tradicionales. Después de los primeros auxilios se aplicaba un purgante para limpiar el cuerpo del enfermo; luego emplastes, frotaciones y sangrías según el caso. También había un médico, Don Teodoro Daza, cirujano de profesión y práctico en medicina, con título del Real Protomedicato de la ciudad de Lima, atendió a los enfermos de Tumán entre 1767 y 1769.
El 27 de febrero de 1767, la Corona Española dispuso la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles, así como la expropiación de todos sus bienes. Al parecer, estas disposiciones se mantuvieron reservadamente hasta el momento de su ejecución en el mes de setiembre en el virreinato del Perú. En Lima, el virrey don Manuel Amat y Juniet había dispuesto que Don Andrés Urtado y Sandoval, abogado de la Real Audiencia, Contador Mayor del Tribunal y Audiencia Real de la Junta del Reino, Corregidor de Justicia Mayor en la Ciudad de Trujillo y, Teniente de Capitán General en esa ciudad, se encargara de dar cumplimiento a la real disposición de su majestad contra los jesuitas del Colegio de Trujillo. Para tal efecto debió organizar la Junta de Temporalidades, que en adelante se encargaría de administrar las propiedades de los jesuitas del Colegio de Trujillo.
El 7 de setiembre de 1767 una comitiva llegada de Trujillo requirió la presencia del padre Lorenzo de Herrera, coadjutor y administrador de Tumán, a quien mostraron el “Auto Real” y el documento mandado por el Corregidor; se le exigió la entrega de las llaves de las viviendas y oficinas, y se procedió a inventariar y expropiar la Hacienda Tumán, que en adelante sería administrada por la Junta de Temporalidades.
Solo dos esclavos solicitaron y lograron su libertad comprándola a precio de tasación; uno huyó, pero fue buscado, capturado y puesto en la cárcel. El grueso de la población disfrutó de una efímera libertad al final del siglo, cuando participó cobijando a esclavos rebeldes de la zona.
Su destino en el siglo XIX, es parte de otra historia…