La experiencia del “Socialismo del Siglo XXI”
significa para algunos venezolanos, aquellos favorecidos por los subsidios y
pseudo políticas de inclusión, la “Revolución” que consideró dignificar a los
pobres y marginados del capitalismo petrolero. Para los otros, es el sistema que ha sumido a su país en la
más grave crisis económica, política y social de su historia. Una cosa es
notoria: Venezuela es un país con una profunda crisis estructural acrecentada
por la polarización de sus ciudadanos y las cada vez más notorias formas
dictatoriales de su gobierno. Formas sustentadas en un trasnochado
patrioterismo y justificado en supuestos intentos de golpe de estado e
intromisiones ficticias.
El gobierno venezolano controla todas las
instituciones políticas y la economía mediante controles cambiarios y de
precios, expropiaciones de empresas aparentemente opositoras o acusadas de
acaparamiento, dirección del crédito y un mal manejo de la empresa petrolera
estatal (su principal fuente de recursos). Desde 2013, el Presidente Maduro,
por la Ley habilitante, puede emitir decretos con fuerza de ley con la
consiguiente reducción de las libertades individuales y persecución política.
Hoy la economía venezolana es netamente importadora de productos básicos. No se
nota una salida fácil a esta situación y resulta sospechoso el silencio (creo
cómplice) de la comunidad internacional. Mientras tanto, se afecta cada vez más
la calidad de vida de los venezolanos.
Se ha pisoteado el derecho básico a la propiedad
“se han expropiado o estatizado más de 50.000 propiedades entre fincas
(pequeñas, medianas y grandes), industrias y comercios, entre otros, sin
compensación por valor de mercado… se han expropiado empresas o sectores
completos: electricidad, telecomunicaciones, banca y finanzas, petróleo y
tecnología, entre otros. En noviembre de 2013 se estatizaron dos plataformas
petroleras, alegando razones de utilidad pública y de interés social” (Selman & Fornet, 2014). Las publicaciones “Haciendo Negocios” del
Banco Mundial y el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial,
consideran a Venezuela como uno de los países con mayores trabas para hacer
negocios. Su principal empresa Petróleos de Venezuela, subsidia anualmente 25
mil millones de dólares sobre el costo de combustibles esto afecta los ingresos totales del estado que son 70%
por venta de petróleo y 30% por tributos. A esto debe sumarse una altísima
inflación, la crisis eléctrica que se manifiesta en apagones diarios y por
sectores, el crecimiento del mercado paralelo o mercado negro, etc.
Lo más preocupante es los constantes atentados
contra la libertad de pensamiento y la persecución a los opositores, la
utilización de los poderes del estado en dicha persecución y la sensación de
impotencia ante la inacción de la OEA, UNASUR, ONU y los estados
latinoamericanos, al menos, que no desean enfrentar a petro – estado venezolano
pensando más en el petróleo que el las libertades o simplemente porque
comparten solapadamente las ideas de Maduro. Tal es el caso de Humala en Perú,
Correa en Ecuador o Morales en Bolivia.
Francois de La Rochefoucauld, manifestó: “La
libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos
más preciados por el hombre” y Víctor Hugo “La
libertad es, en la filosofía, la razón; en el arte, la inspiración; en la
política, el derecho”. Pienso que los librepensadores de América y el mundo
deben, de una vez por todas, influenciar en sus respectivos espacios los
pronunciamientos de instituciones políticas y culturales que motiven a los
gobiernos de los estados a pedir, con respeto a la soberanía, el respeto a las
libertades políticas e individuales en Venezuela.
Los peruanos hemos experimentado tiempos de dictadorzuelos
disfrazados de demócratas que terminaron asesinando a sus opositores,
esterilizando mujeres, comprando silencios, modificando leyes a su favor y
deseando perpetuarse en el poder.
Que hechos como los anteriores, en América unida, nunca más
se repitan. Esa es, también, una obligación de los gobiernos democráticos del
mundo.