miércoles, 11 de marzo de 2015

El Fracaso del “Socialismo del Siglo XXI”


La experiencia del “Socialismo del Siglo XXI” significa para algunos venezolanos, aquellos favorecidos por los subsidios y pseudo políticas de inclusión, la “Revolución” que consideró dignificar a los pobres y marginados del capitalismo petrolero. Para los otros,  es el sistema que ha sumido a su país en la más grave crisis económica, política y social de su historia. Una cosa es notoria: Venezuela es un país con una profunda crisis estructural acrecentada por la polarización de sus ciudadanos y las cada vez más notorias formas dictatoriales de su gobierno. Formas sustentadas en un trasnochado patrioterismo y justificado en supuestos intentos de golpe de estado e intromisiones ficticias.
El gobierno venezolano controla todas las instituciones políticas y la economía mediante controles cambiarios y de precios, expropiaciones de empresas aparentemente opositoras o acusadas de acaparamiento, dirección del crédito y un mal manejo de la empresa petrolera estatal (su principal fuente de recursos). Desde 2013, el Presidente Maduro, por la Ley habilitante, puede emitir decretos con fuerza de ley con la consiguiente reducción de las libertades individuales y persecución política. Hoy la economía venezolana es netamente importadora de productos básicos. No se nota una salida fácil a esta situación y resulta sospechoso el silencio (creo cómplice) de la comunidad internacional. Mientras tanto, se afecta cada vez más la calidad de vida de los venezolanos.
Se ha pisoteado el derecho básico a la propiedad “se han expropiado o estatizado más de 50.000 propiedades entre fincas (pequeñas, medianas y grandes), industrias y comercios, entre otros, sin compensación por valor de mercado… se han expropiado empresas o sectores completos: electricidad, telecomunicaciones, banca y finanzas, petróleo y tecnología, entre otros. En noviembre de 2013 se estatizaron dos plataformas petroleras, alegando razones de utilidad pública y de interés  social” (Selman & Fornet, 2014).  Las publicaciones “Haciendo Negocios” del Banco Mundial y el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, consideran a Venezuela como uno de los países con mayores trabas para hacer negocios. Su principal empresa Petróleos de Venezuela, subsidia anualmente 25 mil millones de dólares sobre el costo de combustibles esto afecta  los ingresos totales del estado que son 70% por venta de petróleo y 30% por tributos. A esto debe sumarse una altísima inflación, la crisis eléctrica que se manifiesta en apagones diarios y por sectores, el crecimiento del mercado paralelo o mercado negro, etc.
Lo más preocupante es los constantes atentados contra la libertad de pensamiento y la persecución a los opositores, la utilización de los poderes del estado en dicha persecución y la sensación de impotencia ante la inacción de la OEA, UNASUR, ONU y los estados latinoamericanos, al menos, que no desean enfrentar a petro – estado venezolano pensando más en el petróleo que el las libertades o simplemente porque comparten solapadamente las ideas de Maduro. Tal es el caso de Humala en Perú, Correa en Ecuador o Morales en Bolivia.
Francois de La Rochefoucauld, manifestó: “La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre” y Víctor Hugo “La libertad es, en la filosofía, la razón; en el arte, la inspiración; en la política, el derecho”. Pienso que los librepensadores de América y el mundo deben, de una vez por todas, influenciar en sus respectivos espacios los pronunciamientos de instituciones políticas y culturales que motiven a los gobiernos de los estados a pedir, con respeto a la soberanía, el respeto a las libertades políticas e individuales en Venezuela.
Los peruanos hemos experimentado tiempos de dictadorzuelos disfrazados de demócratas que terminaron asesinando a sus opositores, esterilizando mujeres, comprando silencios, modificando leyes a su favor y deseando perpetuarse en el poder.

Que hechos como los anteriores, en América unida, nunca más se repitan. Esa es, también, una obligación de los gobiernos democráticos del mundo.